El Gobierno cuenta con apenas tres meses para incorporar al ordenamiento jurídico laboral español la Directiva (UE) 2023/970, del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2024 por la que se refuerza la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor a través de medidas de transparencia retributiva y de mecanismos para su cumplimiento, que debe trasponerse antes del 7 de junio de 2026, fecha a partir de las cuales las empresas deberán justificar cualquier diferencia salarial superior al 5% entre personas trabajadoras del mismo nivel o categoría y no podrán preguntar la retribución anterior de los/as candidatos/as que opten a una oferta de empleo, obligándolas de ese modo a tener que analizar con más detalle cualquier diferencia retributiva que pueda existir entre trabajos de igual valor.
Las sanciones económicas por incumplir la normativa sobre transparencia e igualdad retributiva pueden alcanzar los 225.018 euros, importe que puede elevar la trasposición de la Directiva, así como la prohibición de contratar con el sector público, aunque el mayor riesgo es el previsible incremento de demandas individuales por discriminación retributiva y un empeoramiento del clima laboral en la empresa una vez conocidas eventuales situaciones de diferencias injustificadas en las retribuciones de personas trabajadoras con trabajos de igual valor.
Atendido el importante impacto que la entrada en vigor de dicha nueva Directiva comunitaria podría comportar sobre las actuales políticas retributivas resulta sumamente recomendable proceder a una revisión de las mismas para detectar prematuramente la existencia de posibles situaciones de discriminación bajo ese nuevo parámetro del 5%, sin perjuicio de que iremos informando puntualmente sobre cualquier cuestión relacionada con tan trascendental asunto.