El Tribunal Supremo resolverá primero ocho casos que marcarán la pauta para los miles de recursos presentados ante su Sala de lo Contencioso-Administrativo, en la que ha acordado crear una sección específica que tramitará en exclusiva los miles de recursos que reclaman la responsabilidad patrimonial del Estado por los perjuicios derivados del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, regulado en el artículo 9 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró contrario al derecho comunitario por vulnerar la Directiva sobre los Impuestos Especiales.