La comunicación de las empresas en materia de gobierno, ambiental y social abre un nuevo capítulo en 2018 como consecuencia de los cambios legislativos dirigidos a que las compañías amplíen la transparencia que ofrecen a los mercados y a sus grupos de interés. En esta ocasión, algunos de estos cambios normativos son de obligado cumplimiento en Europa, por lo que las sociedades españolas también tendrán que adaptar su información a los nuevos parámetros.
La principal novedad llegó con la entrada en vigor, en noviembre, del Real Decreto-Ley que traspone la Directiva europea de información no financiera y diversidad, que ha llevado a realizar cambios en el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría. La norma pretende identificar riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, consumidores y la sociedad a través de la ampliación de información extra financiera por parte de las compañías, sobre todo, de factores ambientales y sociales, así como de respeto a los derechos humanos y de lucha contra la corrupción y el soborno.
En cumplimiento de esta Directiva, las empresas que superen los 500 trabajadores, o durante dos ejercicios tengan más de 250 empleados de media, su cifra de negocio anual sobrepase los 40 millones de euros, o las partidas del activo estén por encima de los 20 millones de euros, así como aquellas compañías cuya matriz tenga sede en un país comunitario, tendrán que elaborar un informe especial (separado o integrado) en su memoria anual.
Las novedades de 2018 llegan también a los informes de auditoría de cuentas. El Consejo de Normas Internacionales de Auditoría (IAASB), Organismo que emite las pautas en este campo, ha desarrollado una nueva norma para dotar de mayor transparencia a la labor de los auditores y los informes que formulan y acompañan a las cuentas anuales. A partir de ahora los auditores deberán destacar los aspectos clave en los que se han fijado durante la elaboración de su informe y la descripción de los riesgos considerados más significativos y las respuestas del auditor a esos riesgos. El informe aportará, igualmente, mayor transparencia sobre las responsabilidades del auditor y su deber de independencia, y describirá con más detalle las obligaciones de la dirección y del gobierno de las empresas en relación a los estados financieros auditados.
Además, los estados miembros de la UE tienen plazo hasta junio de 2019 para trasponer la Directiva para el fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas, aprobada este año por el Parlamento y el Consejo Europeo. La norma incorpora requisitos para identificar a los accionistas y facilitarles el ejercicio de sus derechos, sobre la transmisión de información y sobre la transparencia de los inversores institucionales, gestores de activos y asesores de voto, así como sobre las operaciones con partes vinculadas, poniendo especial énfasis en la remuneración de los administradores al obligar a incluir en la memoria la variación anual, durante cinco años, de los sueldos de los consejeros comparada con la remuneración media de los trabajadores de la compañía.
