En fecha 13 de julio de 2017 el Tribunal Supremo dictó sentencia en la que rectifica su doctrina anterior, exigiendo ahora que para que se reconozca la aplicación del principio de condición más beneficiosa en las Administraciones Públicas deben cumplirse las siguientes condiciones:
- que el beneficio no se oponga a una norma legal de derecho necesario;
- que no esté prohibido de forma expresa por el convenio colectivo;
- que quien la conceda tenga lacompetencia necesaria para atribuirla.