El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha aprobado una recomendación dirigida a España en la que insta a revisar el actual sistema de indemnización por despido improcedente para adaptarlo a las exigencias de la Carta Social Europea. La recomendación, adoptada el pasado día 17 de junio de 2026, se fundamenta en la decisión emitida por el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) en el marco de la reclamación colectiva presentada por CCOO contra España. Entre las principales medidas propuestas, el Consejo de Europa solicita que las indemnizaciones por despido improcedente resulten suficientemente disuasorias para las empresas infractoras y que tengan en cuenta el daño real sufrido por cada persona trabajadora, incluyendo tanto los perjuicios económicos como los daños morales. Asimismo, recomienda modificar la normativa vigente para permitir una valoración más individualizada de cada caso y reforzar el papel de los tribunales en la consideración de la readmisión al puesto de trabajo.
Por su parte, el Tribunal Supremo español ha mantenido una posición firme en sus sentencias de 16 de julio y 26 de noviembre de 2025, defendiendo que la indemnización por despido improcedente en España está legalmente tasada y proporciona seguridad jurídica. Además, el Alto Tribunal ha señalado que las decisiones del CEDS carecen de eficacia vinculante directa mientras no sean acompañadas de una resolución del Comité de Ministros. Pese a ello, la reciente recomendación del Consejo de Europa incrementa la presión institucional para acometer una reforma del sistema indemnizatorio español. No obstante, la actual situación parlamentaria hace prever que cualquier modificación legislativa pueda encontrar importantes dificultades para materializarse a corto plazo. La evolución de esta cuestión será uno de los asuntos laborales más relevantes a seguir durante los próximos meses.