El Tribunal Constitucional tarda 4 años en resolver un asunto en el que reprocha a un Tribunal demorarse 15 meses en dictar sentencia. El recurrente, ciudadano extracomunitario, había comenzado su litigio contra la Administración en noviembre de 2010, tras serle denegada la renovación de su permiso de residencia. El Tribunal Constitucional le ha otorgado finalmente el amparo, por vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, en base al sarcástico argumento jurídico de que el Tribunal al que recurrió fijó la vista un año y tres meses después de que presentara su demanda, con lo que tuvo que convivir todo ese tiempo con el temor a verse privado de libertad hasta tanto se dictaba sentencia.
