Dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ponen a España contra las cuerdas en materia de protección de datos. Una de ellas puede permitir declarar nulas todas las cesiones de datos personales realizadas entre Administraciones, lo que invalidaría desde el cobro de multas por embargo realizado por Hacienda, hasta las tasas de basuras si estas son gestionadas por una Diputación y no por el Ayuntamiento. La otra sentencia prohíbe el envío de datos a servidores con sede en los Estados Unidos, al considerar que no es “puerto seguro”, lo que pondría en cuestión incluso la firma electrónica concedida por la propia administración tributaria española.
