La próxima semana está previsto que el Consejo de la UE dé el visto bueno definitivo a una norma que pretende ser clave en la lucha contra la corrupción pública y privada: la directiva de protección al denunciante (o whistleblower). El texto, que deberá ser traspuesto antes de dos años, introduce dos grandes novedades en el ordenamiento. En primer lugar, obliga a que las compañías y las Administraciones y entidades públicas implanten procedimientos internos para la recepción y el estudio de denuncias de irregularidades. En segundo término, establece una serie de medidas de salvaguarda y blindaje para quien comunique tales infracciones.
El elemento de mayor trascendencia organizativa para las compañías es la obligación de implantar canales de denuncia en todas aquellas que tengan más de 50 trabajadores o cuenten con un volumen de negocio igual o superior a 10 millones de euros. También deberán introducirlos las entidades de algunos sectores especialmente sensibles, como los servicios financieros o aquellos «vulnerables» al blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.