La Ley 30/2015, que regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral y que tras varias prórrogas entraba en vigor definitivamente el primer día de 2016, suprime la formación a distancia de los trabajadores con contrato de formación y la sustituye por la “teleformación”, para la que la propia administración pública no está aún preparada, lo que en la práctica impide que de momento puedan formalizarse.