Los sectores de la construcción y de la ingeniería alertan de que la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el pasado día 9 de marzo, acarreará una paralización de la licitación de obra pública en España como consecuencia del retraso que acumulan muchas administraciones en la adaptación de los pliegos de contratación a la normativa.
La nueva Ley de Contratos ha sido muy bien recibida en el ámbito empresarial, especialmente en el de las empresas de ingeniería y servicios intelectuales, toda vez que elimina la posibilidad de adjudicar mediante subasta. Ninguna administración ha publicado aún sus pliegos, pero se espera que en este segmento la parte técnica pese alrededor del 70%, mientras que la económica quedaría limitada al 30%. Una buena noticia para el sector que, sin embargo, está preocupado por la demora en la redacción de los pliegos, en un contexto además en que todavía no se han aprobado los Presupuestos, lo que hace presagiar que hasta el verano o después no se recuperará el ritmo normal de licitaciones.
Las empresas esperan que los pliegos de las corporaciones de los ministerios de Fomento y Agricultura, que en 2017 licitaron 3.387 millones de euros, estén listos pronto. Adif y la Dirección General de Carreteras (DGC) llevan tiempo trabajando en ellos. Más retraso acumulan muchas Comunidades Autónomas, que sacaron concursos por 3.940 millones el año pasado. En este caso, no obstante, la ley les concede un plazo de seis meses para adaptar sus pliegos, por lo que pueden licitar con los ya aprobados antes del 9 de marzo.
Los mayores riesgos se centran en los ayuntamientos y diputaciones, cuyas licitaciones ascendieron a 5.101 millones. Muchas de las administraciones locales no han comenzado a elaborarlos y, además, existen serias dudas sobre la capacidad de muchas de ellas para adaptarse, por ejemplo, a la contratación electrónica.