El Gobierno se propone dejar en el limbo los procedimientos concursales de las compañías españolas alargando la moratoria, vigente desde el pasado abril, hasta finales de este año 2021, lo que arrojaría 21 meses de suspensión, con la finalidad de retrasar todo lo posible la consumación de las insolvencias que deje la pandemia.
La moratoria es parcial, solo levanta temporalmente la obligación de solicitar la declaración del concurso de acreedores voluntario por parte de los deudores sujetos a este mandato y suspende la obligación de los jueces de admitir a trámite las solicitudes de concurso necesario que les presenten los acreedores. Aprobarla evitó miles de procedimientos a lo largo de 2020, si bien las cifras han comenzado a repuntar en el arranque de 2021 durante la embestida de la tercera ola del Covid.
Este plazo adicional podría acabar evitando muchos de esos potenciales concursos, aunque complicará el cobro de deudas por parte de acreedores también acuciados por la crisis y amenaza con colapsar los juzgados cuando se levante el bloqueo si la nueva legislación concursal no agiliza realmente los procesos.