Fuentes gubernamentales anuncian medidas para frenar el fraude que rodea a los procesos de incapacidad temporal de las personas trabajadoras y contener así el crecimiento de una partida que ya es la segunda más importante dentro de la Seguridad Social, después de las propias pensiones. Para el próximo año el desembolso previsto para la cobertura de las bajas laborales ascenderá hasta los 10.818 millones de euros, lo que supone un 8,3% más que en el pasado 2020, cuando la factura ascendió hasta los 9.986 millones de euros.
De entrada, la Seguridad Social destinará 315 millones de euros a reforzar el análisis y el control de la incapacidad temporal en el marco de los convenios de colaboración que tiene suscritos con las comunidades autónomas, salvo País Vasco y Navarra, y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), que se distribuirán entre las comunidades autónomas y el Ingesa en proporción al número de asegurados con derecho a la prestación en el sistema.
El objetivo de estos convenios es establecer acuerdos de colaboración y coordinación entre la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas, a través de las respectivas consejerías de Salud, para estudiar el comportamiento de la prestación de incapacidad en cada comunidad y para establecer los controles oportunos sobre dicha prestación de forma coordinada. Además, se incluye la posibilidad de que esta cuantía sea destinada a la mejora de los procesos de control y gestión de las bajas y a la creación de unidades médicas especializadas en las patologías más prevalentes.
Ciertamente nos gustaría confiar en que este Plan consiga sus objetivos, pero la experiencia nos hace seguir siendo sumamente escépticos a la vista de las situaciones de manifiesto abuso y fraude de las que, en el ejercicio de nuestra actividad profesional de asesoramiento a empresas, tenemos noticia todos los días.