Un empresario de Almería ha sido condenado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Roquetas de Mar a un año y medio de prisión y al pago de una multa de 40.000 euros tras la actuación de la Inspección de Trabajo en relación a un trabajador “sin papeles, sin contrato y en condiciones infrahumanas”, que fue despedido por haber denunciado sus circunstancias, al haber constatado “que el empresario tenía a personas trabajando en las instalaciones sin papeles, sin contrato y que el demandante trabajaba y vivía allí en condiciones infrahumanas”
