Como ya les informábamos en nuestro BIE del pasado 19 de marzo, con la publicación del Real Decreto-Ley 5/2021 se ha abierto finalmente el plazo de inscripción previa para la solicitud de las ayudas directas destinadas a las personas físicas, jurídicas, sociedades civiles y entidades en atribución de rentas más afectadas por la pandemia.
 
Dichas ayudas deben destinarse a satisfacer pagos a proveedores y otros acreedores, financieros o no financieros, así como los costes fijos en los que se haya incurrido y estén pendientes de pago, siempre y cuando se hayan devengado entre el día 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021, debiendo atenderse, en primer lugar, los pagos a proveedores, por orden de antigüedad y, si procede, se reducirá el nominal pendiente del endeudamiento bancario, priorizando los créditos que se hayan otorgado con aval público.
 
Es condición indispensable efectuar la inscripción previa a partir de las 9 horas del día 21 de junio de 2021 y hasta las 15 horas del día 30 de junio de 2021, además de cumplir los siguientes requisitos: 

• Que realicen alguna de las actividades económicas incluidas en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) que se relacionan en el documento anexo.

• Que dicha actividad se haya realizado y declarado durante los años 2019 y 2020.

• Que se continúe ejerciendo en la actualidad.

• Que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

• Que su volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2020, haya experimentado un descenso de más del 30% respecto del ejercicio 2019.

• Que apliquen el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

• Que se trate de un grupo de sociedades que tribute en el régimen de consolidación fiscal y acredite un descenso de la actividad del grupo de más del 30% en el ejercicio 2020, respecto del 2019, considerando la suma del volumen de operaciones de todas las entidades que conforman el grupo.

Estimado cliente,

Mediante el nuevo Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, publicado al siguiente día 13 de marzo, se articulan el conjunto de medidas, en torno a cuatro líneas de actuación, que seguidamente pasamos a resumirle:

I. LÍNEA COVID DE AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS (empresarios y profesionales) y EMPRESAS PARA EL APOYO A LA SOLVENCIA Y REDUCCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO, con una dotación de 7.000 millones de euros.

 
Destino de los fondos:

Las ayudas directas recibidas por los autónomos y empresas considerados elegibles tendrán carácter finalista y deberán aplicarse a la satisfacción de la deuda y pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como a los costes fijos incurridos, siempre y cuando éstos se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley. En primer lugar, se satisfarán los pagos a proveedores, por orden de antigüedad y, si procede, se reducirá el nominal de la deuda bancaria, primando la reducción del nominal de la deuda con aval público.
 
Requisitos de elegibilidad y de los criterios para fijación de la cuantía de la ayuda:
 
1.- A los efectos de este Real Decreto-ley se considerarán destinatarios:
 
a) Los empresarios o profesionales y entidades adscritas a los sectores definidos en el Anexo I, cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020, haya caído más de un 30% con respecto a 2019.

Esta información se suministrará por la Administración Tributaria correspondiente a petición de las Comunidades Autónomas. Los empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas adscritos a los sectores definidos en el Anexo I.
 
b) Para el caso de grupos consolidados que tributen en el Impuesto sobre Sociedades en el régimen de tributación consolidada se entenderá como destinatario a efectos del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y transferencias, el citado grupo como un contribuyente único, y no cada una de las entidades que lo integran, por lo que el volumen de operaciones a considerar para determinar la caída de la actividad será el resultado de sumar todos los volúmenes de operaciones de las entidades que conforman el grupo.
 
c) En ningún caso se consideran destinatarios aquellos empresarios o profesionales, entidades y grupos consolidados que cumplan los requisitos establecidos en los dos epígrafes anteriores, pero que en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2019 hayan declarado un resultado neto negativo por las actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa para su determinación o, en su caso, haya resultado negativa en dicho ejercicio la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto de la Renta de no Residentes, antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas. Esta información se suministrará por la Administración Tributaria correspondiente, a petición de las Comunidades Autónomas.
 
Otros requisitos y compromisos:
 
Los solicitantes de las ayudas han de cumplir en el momento de presentación de la solicitud los siguientes requisitos:

a) No haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

b) No haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

c) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones o ayudas públicas.

d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

e) No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, no hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, no estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

f) No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
 
Los beneficiarios de estas medidas deberán asumir los siguientes compromisos:

a)   Mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 de junio de 2022.
b)    Abstenerse de repartir dividendos durante 2021 y 2022.
c)  No aprobar incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante un periodo de dos años desde la aplicación de alguna de las medidas.
 
Ayudas:
 
2.- Las Comunidades Autónomas establecerán los criterios para las ayudas por destinatario, de forma que no se superen los siguientes límites máximos:
 
a) 3.000 euros cuando se trate de empresarios o profesionales sujetos al régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
 
b) Para aquellos empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente, haya caído más del 30 % en el año 2020 respecto al año 2019, la ayuda máxima que se concederá será del:
 

• i. El 40 % de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30 %, en el caso de empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación directa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como las entidades y establecimientos permanentes que tengan un máximo de 10 empleados. 

• ii. El 20 % del importe de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30%, en el caso de entidades y empresarios o profesionales y establecimientos permanentes que tengan más de 10 empleados.

 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados b) i y b) ii anteriores, la ayuda no será inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros.

c) En el caso de los grupos de consolidación, los límites anteriores se aplicarán al grupo en su conjunto.
 
3.- Las Comunidades Autónomas determinarán los parámetros a aplicar para los supuestos de altas o empresas creadas entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2020, de empresas que hayan realizado una modificación estructural de la sociedad mercantil entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, y de empresarios o profesionales que hayan estado de alta durante un periodo inferior al año en el ejercicio 2019 o en el ejercicio 2020.
 
4. Concurrencia a convocatorias realizadas por las distintas Comunidades Autónomas para la asignación de las ayudas directas.
 
Cuando se trate de empresarios, profesionales o entidades cuyo volumen de operaciones en 2020 haya sido inferior o igual a 10 millones de euros y no apliquen el régimen de grupos en el Impuesto sobre Sociedades solamente podrán concurrir a la convocatoria realizada por la Comunidad Autónoma en la que se ubique su domicilio fiscal.

Los grupos y los empresarios, profesionales o entidades cuyo volumen de operaciones en 2020 haya sido superior a 10 millones de euros que desarrollen su actividad económica en más de un territorio autonómico, podrán participar en las convocatorias que se realicen en todos los territorios en los que operen. Para estos casos, la Orden del Ministerio de Hacienda de desarrollo del presente Real decreto-ley establecerá el criterio de distribución de la caída de la actividad entre los diferentes territorios en los que operen, atendiendo al peso de las retribuciones de trabajo personal satisfechas a los trabajadores con que cuenten en cada territorio.
 
5. Los destinatarios de estas ayudas deberán acreditar una actividad que se clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas -CNAE 09- previstos en el Anexo I de la presente norma en el momento de su entrada en vigor.
 
6. No podrá concederse ninguna ayuda directa de las recogidas en este Título pasado el 31 de diciembre de 2021.
 
II.-APLAZAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS.
 
1. En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día 1 de abril hasta el día 30 de abril de 2021, ambos inclusive, siempre que el conjunto de las cantidades aplazadas sea hasta 30.000 euros.  De ser superior, se deberá pagar la diferencia o aportar garantías. 
 
2. Este aplazamiento será aplicable también a las deudas tributarias generadas por retenciones o ingresos a cuenta (IRPF), tributos que deban ser legalmente repercutidos (IVA) y pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.
 
3. Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea una persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2020.
 
4. Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:
 
a) El plazo será de seis meses.
 
b) No se devengarán intereses de demora durante los primeros cuatro meses del aplazamiento.
 
 
III.- POSIBILIDAD DURANTE EL AÑO 2021 DE CELEBRACIÓN DE JUNTAS EXCLUSIVAMENTE TELEMÁTICAS.
 
Todas las sociedades de capital reguladas en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y el resto de personas jurídicas de Derecho privado (sociedades civiles, sociedades cooperativas y asociaciones) que no hayan podido modificar sus estatutos sociales para permitir la celebración de la junta general o asambleas de asociados o de socios por medios telemáticos, puedan seguir utilizando estos medios durante el ejercicio 2021, garantizando así los derechos de los asociados o socios minoritarios que no pudieran desplazarse físicamente hasta el lugar de celebración de la junta o la asamblea.
 
 
IV.-  MORATORIA PARA EL DESENCADENAMIENTO AUTOMÁTICO DE PROCESOS CONCURSALES.

Destacar, por último, la extensión hasta finales de año de la moratoria para el desencadenamiento automático de procesos concursales, con el fin de dotar de un margen de tiempo adicional para que las empresas que están padeciendo mayores dificultades como consecuencia de la pandemia puedan restablecer su equilibrio patrimonial, evitando una innecesaria entrada en concurso de acreedores. 
 
Quedando como siempre a su disposición para cualquier aclaración y/o ampliación que resulte de su interés, aprovechamos la ocasión para saludarles,
                                                                                                     

Atentamente,
DEL BAS ASSESSORS, ADVOCATS I AUDITORS
                                                             

Anexo CNAE