En su sentencia de fecha 23 de abril de 2026 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede Las Palmas, confirma que las empresas tienen la obligación de valorar y, en su caso, adoptar ajustes razonables para las personas trabajadoras declaradas en situación de incapacidad permanente total revisable por mejoría cuando éstas manifiestan su voluntad de continuar trabajando, al considerar que la suspensión del contrato de trabajo durante dos años, prevista en el artículo 48.2 del Estatuto de los Trabajadores cuando existe expectativa de mejoría, no exime a la empresa de examinar las posibilidades de adaptación del puesto de trabajo.

 En el caso enjuiciado el Tribunal rechaza el argumento empresarial de que, al encontrarse el contrato de trabajo suspendido no existía obligación de actuar hasta una eventual reincorporación y, justo todo lo contrario, considera que desde el momento en que la persona trabajadora comunica su voluntad de seguir prestando servicios la empresa debe estudiar las medidas necesarias para hacer posible su continuidad laboral. Si finalmente considera que los ajustes no son viables o suponen una carga excesiva debe dar a la persona trabajadora una respuesta expresa y motivada, por lo que no habiéndolo hecho así considera vulnerado, por pasividad empresarial, el derecho fundamental del trabajador demandante a la igualdad y no discriminación por razón de discapacidad y mantiene la indemnización de 7.501 euros por daños morales fijados en la instancia.