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La sentencia del TS que declaró nulo de pleno derecho el Real Decreto 529/2017 abre la puerta a una oleada de demandas de autónomos y pymes por el SII,

por los daños y perjuicios causados por el Estado, que creó unas expectativas que ahora se ven frustradas tras el fallo. La declaración de nulidad del citado real decreto supone que dicho plazo nunca existió y, por tanto, las renuncias formalizadas no han sido válidas. Como consecuencia, estos empresarios han quedado incluidos automáticamente en el SII en los ejercicios 2017, 2018 y 2019, con todo lo que ello comporta.

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