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La ley que regula los contratos con la Administración llegó en marzo de 2018

con promesas de mayor transparencia, simplificación de los trámites y eliminación de las trabas burocráticas y administrativas. Sin embargo, un año y medio después de su entrada en vigor, la normativa, una complejísima trama de artículos, sigue sin convencer a los expertos y su objetivo estrella, favorecer a los pequeños licitadores, está muy lejos de cumplirse.  La Ley establece que la consulta a los operadores se hará de forma excepcional. Además, contempla que se pregunte en primer lugar a los expertos y a los colegios profesionales. "Tenemos contradicciones por todas partes. Esto choca con la idea de querer consultar a las empresas". Además, la normativa incorpora una nueva exigencia de certificaciones y etiquetas externas para poder contratar con la Administración. Estos sellos dificultan también el acceso de las pequeñas y medianas empresas. Su alto coste hace que los pequeños licitadores queden fuera de los procesos mientras que para las grandes empresas apenas supone un gasto contar con estas certificaciones.

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